De la creación de legislaciones a instancias judiciales: la experiencia de Uber en otras provincias

Desde que Uber comunicó su arribo a la ciudad de San Luis a fines de septiembre del 2023, el debate en torno al servicio de transporte semipúblico ocupó uno de los lugares destacada en el debate público.

El rechazo provino fundamentalmente de las distintas organizaciones que representan a los taxistas. Tanto propietarios, agencias y peones salieron desde un primer momento a cuestionar el uso y subrayan que la instalación en la capital es “ilegal” y “desleal”.

Los reclamos continúan en este arranque de año. Representantes del sector se reunieron con el intendente, Gastón Hissa y llevaron su posición a la secretaría de Transporte del Gobierno provincial. Este último organismo respondió en los últimos días que no era posible una audiencia, según informaron desde un gremio.

La postura “tachera” no cambió en nada: quieren a Uber fuera de las calles. Incluso, durante el mediodía de este sábado, llevaron adelante un bocinazo en el centro puntano con la participación de decenas de choferes.

Pero la aplicación funciona desde hace varios años en distintas ciudades del país y surgen preguntas: ¿Cómo fue la transición a las apps? ¿Qué conflictos hubo? ¿Qué solución se dictó? ¿Qué dicen las legislaciones?

Bueno es conocer qué pasó en otras jurisdicciones y qué rol jugaron las autoridades. A nivel Gobierno provincial están los casos de Tucumán, Mendoza, San Juan o Catamarca; y en el terreno de las intendencias lugares como la ciudad de Córdoba, Río Cuarto o Rosario.

Una de las jurisdicciones de la región que adoptó el sistema fue Mendoza. En septiembre de 2018, el gobierno de Alfredo Cornejo reglamentó la Ley de Movilidad que habilita el servicio de transporte privado a través de plataformas digitales.

La tarifa no está regulada, sino que la rige el mercado, pero los choferes solo pueden llevar a pasajeros que se contacten por medio de las aplicaciones para celulares y no tienen permitido levantar clientes por la calle.

La llegada de las plataformas generó protestas y una demanda judicial de los propietarios de taxis. Entre los puntos de rechazo se destacaba la crítica al cambio de calificación de “transporte público” a “transporte de interés general”, afirmando que generaba inseguridad jurídica.

En junio de 2022, la Suprema Corte de Justicia avaló el funcionamiento de las plataformas y alega que también pueden usarla los taxis y remises tradicionales.

Es así que rechazó el pedido de inconstitucionalidad planteado por la Asociación de Propietarios de Taxis (Aprotam) contra la ley que reguló el servicio de Transporte Público y posibilitó la actividad de Uber y Cabify en la provincia del vino.

En la actualidad la ciudad de Mendoza y Cabify llevan adelante una “alianza estratégica” que permitirá, entre otros beneficios, que más mujeres puedan acceder a una fuente de empleo digna, segura y flexible. Además, se busca que las personas responsables de la conducción sean promotoras del turismo y la seguridad en la ciudad.

En San Juan sucede algo particular, si bien en un comienzo el Gobierno buscó frenar la llegada de la plataforma e inhabilitó el uso de la app (todo esto con la gestión anterior), en el comienzo del 2024 el actual secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, se encuentran en contacto con autoridades de Mendoza y Buenos Aires, donde actualmente funciona el sistema, para tomarlos como ejemplo y estudiar la regulación y autorizar su uso en la provincia.

Más allá de ello, Uber no está regulado, la aplicación continúa en funcionamiento y es posible solicitar un viaje en las opciones de auto o moto que ofrece el sistema.

Catamarca por su lado no admitió Uber. Más de una vez señalaron que "la única modalidad autorizada para transportar pasajeros son los vehículos con licencia otorgada por el municipio de la jurisdicción que corresponda".

Aun así, se logró aprobar un proyecto en la Legislatura para regular la actividad a fines de noviembre que establece pautas para el transporte de pasajeros mediante aplicaciones informáticas y plataformas digitales, considerando un rubro privado de interés público.

La Ley implica una regulación general a nivel provincial y una regulación específica por parte de los municipios. Esto incluye permisos de explotación, titularidad dominial del vehículo, licencia profesional vigente, seguros específicos, y cumplimiento de la normativa de tránsito.

En la ciudad de Corrientes a fines del 2022 el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que regula el sistema de transporte privado.

La decisión fue adoptada luego de una serie de charlas con todos los sectores involucrados, choferes de las aplicaciones, taxistas y remiseros, quienes a partir de ahora también se verán favorecidos por los cambios en la norma en la que se flexibiliza algunos de los pasos tendientes a lograr la habilitación.

Los vehículos de las aplicaciones en tanto, deberán también contar con las habilitaciones correspondientes y estar dentro del marco legal sancionado.

El caso de Córdoba hasta estos días resuena en el debate público, más allá de que funciona desde hace tiempo. Desde un comienzo hubo una disputa entre la Municipalidad y Uber.

El Concejo Deliberante aprobó un fuerte aumento de las multas contra Uber y el transporte ilegal. Puntualmente, los concejales modificaron el artículo 181 del Código de Convivencia en lo referido a la prestación de servicio de transporte de personas sin habilitación municipal y mediante agencia, central o aplicación no habilitada.

Señala que la modificación de la ordenanza tratada estipula la inhabilitación definitiva para ser licenciatario de todo servicio público o privado municipal, de transporte de pasajeros.

En abril de 2016 Uber llegó a la Ciudad de Buenos Aires. Su arribo no fue indiferente y se mantuvo entre la gran expectativa de los usuarios, por un lado, mientras que del otro estaban las críticas de parte de los choferes de taxis y sindicatos y la postura de las autoridades, que no dudaron en calificarla ilegal por no ajustarse al código de transporte porteño.

Con incentivos económicos, Uber intenta convencer a los taxistas. Quienes se registren y comiencen a manejar pueden obtener hasta $100.000 adicionales al completar sus primeros 50 viajes y aquellos que ya estén registrados y recomienden a otros colegas podrán sumar $50.000 adicionales por cada taxista que se registre en la app y complete 50 viajes.

Pero como sucedió con otros ejemplos, hubo denuncias. El Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), lo llevó a cabo en esta oportunidad.

Al respecto, la Justicia porteña consideró que "no se demostró una omisión relevante que configure una nítida falta de servicio por parte del GCBA en cuanto al ejercicio del poder de policía y control en el cumplimiento de la normativa de tránsito y transporte, en particular, en lo que respecta al Sistema Uber".

En el caso de Rosario el Sindicato de Peones de Taxis (SPT) se declaró en alerta y movilización por la llegada, lo mismo que en San Luis. Y aunque había anunciado la decisión de plantear un paro del servicio, luego dejaron la medida en suspenso tras la reunión que sus directivos mantuvieron con autoridades municipales.

Lo cierto es que el debate hace eco en el Concejo Deliberante de aquella ciudad, incluso ya se planea trazar una legislación prontamente. En ese marco, el concejal de Unidos para cambiar Santa Fe, Carlos Cardozo, se expresó a favor de “legislar” y regular la actividad.

Al listado se le suma Río Cuarto. Al igual que en la mayoría de los casos donde la empresa se instaló, no hay una legislación que los contemple. Quienes no cumplan con las normativas vigentes, se aplicarán sanciones severas, tanto para empresas como para los conductores.

En el caso de Tucumán, el año pasado el entonces vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Osvaldo Jaldo firmó la derogación de la Ley que regulaba el servicio de transporte privado a través de plataformas electrónicas. Con esto, quedaron prohibidas.

En resumen, en el territorio puntano el uso de la aplicación ya está entre los vecinos, pero las presentaciones del sector de los taxistas presionan para prohibirla. La discusión será larga.